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Noticias en la web - Milongas y Obsesiones - Miguel Arregui

Noticias en la web - Milongas y Obsesiones - Miguel Arregui | Edición del día Sábado 18 de Agosto de 2018

El fin de la inflación de dos y tres dígitos en Uruguay

Una historia del dinero en Uruguay (XLIV)

El gobierno del Partido Nacional, encabezado por Luis Alberto Lacalle, inició su tránsito en marzo de 1990 con un severo ajuste fiscal. Una parte del déficit en las cuentas del gobierno todavía se cubrió con dinero nuevo, lo que azuzó la inflación, que ese año llegó a un increíble 129%, un récord solo superado por el de 1967.

El tipo de cambio también mostró variaciones locas debido, en parte, a la hiper-inflación de entre 2.000 y 3.000% que azotó a Argentina y Brasil.

La reducción de la deuda por el "Plan Brady"


A la vez que procesaba un gran ajuste, el gobierno del Partido Nacional también renegoció y redujo drásticamente la deuda pública gracias al "Plan Brady", por lo que el Estado quedó en mucho mejores condiciones para tomar crédito.

El "Plan Brady", diseñado para los países en desarrollo por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, incluyó quitas de deuda, extensión de plazos y diversificación de los acreedores, que ya no serían unos pocos bancos.

Tras el acuerdo con los acreedores de enero de 1991, que lideró el subsecretario de Economía, Nicolás Herrera, la deuda pública uruguaya pasó de representar el 58% del PBI en el trienio 1988-1991 a 44% en 1992. De pagarse un promedio anual de 312,7 millones de dólares por intereses de la deuda entre 1985 y 1989, pasó a desembolsarse 192 millones al año.

Con ello el Estado uruguayo levantó una de las principales restricciones para la gestión macroeconómica desde la transición democrática.

En los años siguientes la deuda siguió bajando, en parte debido a la debilidad del dólar y en parte gracias al aumento del producto nacional, hasta quedar en niveles cercanos al 30% del PBI entre 1992 y 1997. En esa etapa Uruguay escaló hasta obtener el grado inversor, una calificación de bajo riesgo crediticio que le permitió obtener financiamiento más barato. El grado inversor se perdería durante la crisis de 2002, y se recuperaría otra vez en 2012, con lo que quedó más o menos al mismo nivel que Chile, Perú o Colombia (Argentina y Brasil no lo tienen, por lo que deben pagar más intereses para obtener créditos).

El programa de combate a la inflación


Durante 1990, un año tumultuoso con un gobierno novato y desordenado, se recompusieron las reservas del Banco Central, que eran casi inexistentes. Fue una tarea imprescindible de acumulación de fuerzas, mientras el ajuste reducía severamente el déficit fiscal.

Se vendieron parte de las reservas de oro para tener dólares, pues se estimaba que el BCU se quedaría sin liquidez a mediados de 1990; se controló el crédito del Banco de la República, que aumentaba el circulante y estimulaba la inflación; se intimó la capitalización de algunas instituciones, como el Banco de Crédito; y se inició un saneo del Banco Hipotecario, que de nuevo estaba técnicamente quebrado.

El economista Ernesto Talvi, quien dirigió el Departamento de Política Económica del BCU entre 1990 y 1995, contó en 2009: "Nunca vi que le temblara la mano a Ramón Díaz cuando tuvo que tomar decisiones difíciles. Pero mucho más importante que eso: nunca vi que su voluntad flaqueara ante la impresionante presión política para revertir sus acciones. Recuerdo la reunión con Pedro Cersósimo [un veterano político del Partido Colorado], que era en ese momento el presidente del Banco Hipotecario. Ramón lo convocó y vino con un séquito de asesores. Nosotros éramos unos cuantos también, con lo cual los ejércitos quedaron allí enfrentados, y entonces Ramón le planteó a Cersósimo el plan de saneamiento. Uno estaba en una cabecera y el otro en la otra. Cersósimo le dice: 'Bueno, la verdad doctor es que me parece muy bien'. Entonces Ramón le responde: 'Lo veo muy contento presidente. En algo me debo de haber equivocado. Vamos a hacer lo siguiente: voy a revisar nuevamente con mis asesores y voy a volver a convocarlo'. Y efectivamente, se revisó el plan y se hicieron los ajustes".

A diferencia de la experiencia que Argentina ensayó en esa misma época, con la "convertibilidad", la estrategia antiinflacionaria adoptada por el gobierno de Uruguay fue gradualista, de mediano plazo, mientras se cerraba la brecha fiscal.

A partir de marzo de 1991 se estableció una "banda de flotación" para el tipo de cambio, con un "piso" al que la autoridad monetaria compraba dólares y un "techo" al que vendía. Era una devaluación controlada y previsible, pues la "banda" anunciaba la separación entre piso y techo y la vez el ritmo de aumento del precio del dólar.

Se anclaba el tipo de cambio, a la vez que se reducía el ritmo de aumento de la cantidad de dinero.

El sistema, que fue mantenido por los gobiernos siguientes, rigió hasta junio de 2002, cuando se abandonó en medio de una grave crisis económica y bancaria. Un punto de debate hasta hoy es si la "banda de flotación" debió abandonarse mucho antes de 2002, después de cumplir su objetivo de reducir la inflación.

Ya en 1998 el sector productivo daba muestras de asfixia por costos internos muy altos. La situación se agravó ostensiblemente desde enero de 1999, cuando Brasil devaluó abruptamente su moneda (ver el próximo capítulo de esta serie).

Javier de Haedo, un joven belicoso


Hay quienes creen que si bien Ramón Díaz fue uno de los ideólogos fundamentales para acabar con medio siglo de inflación: un jacobino de la disciplina monetaria, propenso a medidas de shock; otros, en la práctica, cargaron con la piedra fundamental: el ajuste de las cuentas del Estado, que estaban desvencijadas como siempre después de un ciclo electoral, y que eran la base del problema. La inflación de tres dígitos había puesto al país al borde del caos.

Además, junto a los comicios del 26 de noviembre de 1989, cuando ganaron los blancos por primera vez desde 1962, también se aprobó una reforma constitucional que obligó a ajustar las jubilaciones por el índice medio de salarios (un promedio de los aumentos en las remuneraciones), lo que disparó las necesidades financieras del Estado.

Javier de Haedo, un joven economista de 28 años, talentoso, valiente y arrogante, cumplió un papel decisivo. Había trabajado varios años en el semanario Búsqueda, como columnista de opinión y responsable de las páginas de "Indicadores Económicos". Se inició en el gobierno en 1990 como uno de los asesores del ministro de Economía y Finanzas, Enrique Braga.

El 12 de marzo de 1990 enfrentó con dureza al líder frenteamplista Danilo Astori en una comisión del Senado, en defensa del proyecto de ajuste fiscal. El muro de Berlín había caído y la izquierda debería revisar casi toda su caja de herramientas. Ahora era tiempo de liberales (o de "neoliberales", como prefería decir la izquierda). Las cuentas del Estado eran un desastre y no tendrían arreglo sin costos.

Astori y De Haedo acercarían sus posiciones en los años venideros. Pero esa actitud frontal, que cumplió también en otras instancias en que lo mandaron desnudo al frente, le significó a De Haedo un gran desgaste personal y político.

En marzo de 1991 asumió como subsecretario de Economía y Finanzas, en sustitución del joven abogado Nicolás Herrera, quien se marchó tras la renegociación de la deuda pública. Pero De Haedo acabaría renunciando en octubre de ese año, disconforme con el ritmo de las reformas del gobierno, y por cansancio y estrés. En su lugar fue designado el economista Gustavo Licandro, de solo 28 años.

El presidente Lacalle, Ramón Díaz y el dirigente colorado Jorge Batlle estimularon a Javier de Haedo para que permaneciera. Al fin aceptó la Vicepresidencia del Directorio del Banco Central del Uruguay, para acompañar a Ramón Díaz.

Fue efímero: duró sólo nueve días.

El 20 de noviembre de 1991 concurrió a una entrevista en el programa radial "En Perspectiva", que entonces se hacía en Emisora del Palacio FM.

—¿Cómo se siente en el cargo? —le preguntó Emiliano Cotelo.

—Como una toallita íntima femenina: en el mejor lugar en el peor momento —respondió De Haedo con una sonrisa.

Luego disparó contra el presidente de la Cámara de Industrias, el poderoso empresario Pedro Nicolás Baridón, quien estaba fustigando a los "halcones" liberales del gobierno, personas que presuntamente "sabían mucho" pero no tenían "mostrador", y que empujaban una mayor apertura de la economía.

"Yo puedo decir que (Baridón) tiene industrias muy protegidas, con precios de referencia, precisamente", contraatacó De Haedo, quien dijo estar del lado de tres millones de consumidores uruguayos que no tenían lobby ni prensa.

Las palabras de Javier de Haedo representaban una síntesis de las tensiones políticas y económicas de entonces, aunque con giros nada diplomáticos.

Al día siguiente Lacalle lo citó a su despacho en el Edificio Libertad, entonces sede de la Presidencia, y la pidió la renuncia: por el choque inútil provocado con los industriales, y por el "lenguaje grosero".

"En un país conservador, timorato, dominado por 'lo político', el principal pecado del joven economista fue haber sido inoportuno y haber utilizado expresiones impropias. Sin embargo el presidente no reparó que perdía a uno de sus más empeñosos albañiles [...], y a uno de los pocos miembros del equipo económico a salvo de acusaciones de 'implicancias'", escribió Daniel Gianelli en Búsqueda.

Más tarde De Haedo volvería al gobierno como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) entre octubre de 1993 y marzo de 1995.

La base del éxito fue la reducción del déficit


Ahora, 27 años después, entrevistado para esta serie, Javier De Haedo recordó aquel tiempo de ajuste y de estabilización monetaria:

"Al inicio del gobierno en 1990 teníamos por un lado un déficit fiscal 'heredado' de más de 6% del PBI (en el período anterior, el 'mejor' año tuvo un déficit de 4%), que se había venido deteriorando por la hiperinflación en Argentina.

A eso se agregó el resultado de la reforma constitucional de 1989, por la cual se indizaron las pasividades. A inflación constante, la reforma sumaba al déficit dos puntos porcentuales del PBI, debido a la superposición de ajustes de pasividades por los regímenes viejo y nuevo.

Hay que tener en cuenta que ya en 1992 se logró un leve superávit fiscal. A esa altura, desde el punto de vista fiscal, ya estaba jugando a favor el crecimiento de la economía, pero también ya empezaba a jugar en contra el aumento de las pasividades en términos reales, adicional al del impacto de la reforma de 1989, por la bajada de la inflación.

Estimo que el ajuste fiscal inicial en el período de gobierno fue del orden de ocho puntos porcentuales del PBI, una cifra enorme.

Ese fue el sustento final, la piedra angular, se podría decir, del éxito del plan de estabilización iniciado en 1991, con ancla cambiaria, que llevó la inflación desde el 129% en 1990 a 44% en 1994 y, más tarde, en 1998, a un dígito.

En la medida en que se fortalecía el frente fiscal, se avanzaba en la desaceleración de la tasa de crecimiento de los extremos de la banda de flotación cambiaria y de ese modo, se coadyuvaba a una tasa de inflación decreciente".

De alguna forma, durante el gobierno nacionalista que se extendió entre 1990 y 1995, con su drástico arreglo de las cuentas públicas, un programa de estabilización monetaria, la apertura comercial y el Mercosur, y una notoria mejoría de todos los indicadores socio-económicos, el país por fin terminó de superar el traumático crack de la "tablita" de 1982.

Ya a fines de 1990 el gobierno tenía superávit fiscal primario (antes de pago de deuda pública). En términos reales, la recaudación creció más de 20% entre 1990 y 1992. La economía respondió bien de inmediato. El PBI aumentó 3,5% en 1991 y casi 8% en 1992. De todos modos, el gran aumento del gasto con fines electorales, un clásico de la historia política uruguaya, llevó el déficit fiscal de 1,4% del PBI en 1993 a 3,1% en 1994. Por ello 1995, el primer año del segundo gobierno de Julio Sanguinetti, se abrió con un nuevo ajuste, aunque mucho más leve que el de 1990.

La creciente "unión aduanera" con Argentina y Brasil significó la ruina de algunas industrias protegidas, típicas del "Uruguay batllista". El desempleo promedio creció de 8,5% a 10% en la primera mitad de los años '90, aunque el salario real creció alrededor de 12%. La "desindustrialización", que continúa ahora, en el siglo XXI, hizo que muchas personas se emplearan en nuevas áreas de actividad creadas por la modernización gradual y los períodos de auge económico.

Mientras tanto la izquierda revisaba sus ideas después de la caída del "socialismo real" y acumulaba experiencia de gobierno en la Intendencia de Montevideo, tras el muy pragmático liderazgo de Tabaré Vázquez. Esos aprendizajes y acumulaciones les resultarían decisivas para el gran triunfo que conseguiría por fin en 2004.

Próxima nota: Una economía cada vez más abierta, el referéndum de 1992, la inflación en dólares o "atraso" cambiario y la Carta Orgánica del BCU de 1995

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