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Noticias en la web - SEGURIDAD

Noticias en la web - SEGURIDAD | Edición del día Jueves 19 de Julio de 2018

Parlamento citó al fiscal de Corte luego que Bonomi volviera a responsabilizar a su oficina por la inseguridad

El ministro del Interior aseguró ante legisladores que las falencias en el trabajo de algunos fiscales está dejando a delincuentes en la calle

La comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados decidió citar al fiscal de Corte, Jorge Díaz, luego de que en la sesión de este miércoles el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijera que por deficiencias en las actuaciones de algunos fiscales quedaban en libertad presuntos delincuentes sobre los cuales la Policía había reunido pruebas suficientes para condenarlos.

En concreto, Bonomi se refirió al caso de Mateo Urtiaga, el joven que fue asesinado el pasado 16 de junio en el marco de una rapiña cuando regresaba a su casa desde la casa de su novia. La pasada semana, la Policía detuvo a un hombre que había sido señalado por testigos, y por un individuo al que el sospechoso le había admitido que había matado a alguien horas después del crimen. La fiscal que tomó el caso durante la feria judicial, Diana Salvo, había decidió dejar al detenido en libertad por falta de pruebas, aunque el fiscal titular del caso consideraba que tenía elementos suficientes para llevarlo ante el juez.

Asimismo, el ministro también cuestionó la actuación de la fiscal Darviña Viera quien estaba a cargo de la investigación del homicidio de Gustavo Darío Barón en la puerta de un kiosco de San Luis (Canelones) ocurrido el 23 de noviembre de 2017. Si bien en ese caso fue el juez, Marcos Seijas, quien decidió dejar en libertad al indagado, la razón esgrimida por el magistrado fue que la fiscal no solicitó la realización de pericias en la bala que estaba alojada en el cuerpo de la víctima y que hubiera sido clave para señalar al detenido.

A raíz de esta situación, el delincuente recuperó la libertad y el 7 de junio volvió a matar, esta vez en Ciudad de la Costa. Por este último caso, ya fue enviado a prisión, pero Bonomi señaló que esa muerte se pudo haber evitado si la actuación de la Justicia hubiera sido la correcta.

Durante la sesión Bonomi volvió a cuestionar que los fiscales hayan solicitado medidas alternativas a la prisión y arrestos domiciliarios en la etapa de investigación, cuando los indagados por delitos de rapiña tienen como mínimo una sanción de cuatro años de prisión.

El diputado nacionalistas Pablo Abdala dijo que a partir de estos dichos decidió solicitar la presencia del fiscal de Corte, lo que se concretará en las próximas semanas.

La comisión se encuentra analizando una serie de modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal –vigente desde el 1° de noviembre- que fueron propuestas por el Ministerio del Interior luego de que se constatara un aumento en la ocurrencia de delitos.

El pasado 4 de julio el senado aprobó las reformas propuestas por el Ministerio del Interior, con resistencia de algunos sectores del Frente Amplio, pero el apoyo de toda la oposición. Ahora solo resta que haga lo mismo la Cámara de Diputados.

Entre los cambios propuestos en el proyecto está la obligatoriedad de solicitar prisión preventiva en los casos de reiterantes y reincidentes de delitos graves, una serie de modificaciones al proceso abreviado que limitan los beneficios de reducción de la pena que puede recibir un indagado, la inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada para reincidentes de delitos grave, entre otros puntos.

La Cámara de Senadores, además, introdujo la posibilidad de que los jueces puedan solicitar ampliación de prueba si tienen dudas a la hora de condenar o imputar a alguien. Este punto fue valorado por Bonomi en la comisión de este miércoles, ya que sería una forma de evitar que por falencias en el trabajo de los fiscales queden en libertad delincuentes.

El diputado colorado, Ope Pasquet, dijo a El Observador, que hay acuerdo sobre la pertinencia de lo aprobado por el Senado, aunque podrían introducirse modificaciones a partir de la discusión que se lleve adelante en la comisión.

Las críticas de la fiscalía

Dos aspectos de esta norma fueron cuestionados por el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Por un lado, lo referido a la prisión preventiva (aquella que se aplica antes de que haya una condena), algo que se suponía que con el nuevo Código del Proceso pasaría a ser una excepción.

Desde el 1° de noviembre los fiscales solo pueden pedir prisión preventiva si existe una sospecha fundada de que la persona indagada puede fugarse, entorpecer la investigación o ser un peligro para la sociedad. Antes esta medida cautelar se aplicaba en la mayoría de los casos, como si fuera un adelanto de la pena.

La modificación propuesta por el Ministerio del Interior implica volver a hacer obligatoria la prisión preventiva en algunos casos, lo que es visto como un retroceso por el Colegio de Abogados y buena parte de la academia, y fue señalado como inconstitucional por Díaz.

El 3 de abril, durante una sesión de la comisión de Constitución y Código de la Cámara de Representes, Díaz había dicho que "los únicos dos fundamentos que justifican la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar son el riesgo de fuga o el riesgo de frustración de la prueba", por lo que "una norma que estableciera la preceptividad (obligatoriedad) de la prisión preventiva en los casos de reiterante y de reincidente sería inconstitucional".

El otro punto cuestionado por el fiscal de Corte, y el que más le molesta, según declaró al programa Todo Pasa de Oceano FM, es la posibilidad de que jueces soliciten pruebas si tienen dudas a la hora de definir si imputan o condenan a un indagado. A su juicio, esta medida significa un "retroceso" que afecta la imparcialidad del juez y opinó que "es un golpe duro al centro de la reforma".

Antes del 1° de noviembre, los jueces eran, además de quienes juzgaban, los encargados de liderar las investigaciones. Con la reforma, ese rol pasó a estar en manos de los fiscales, al tiempo que el juez pasó únicamente a definir si un indagado es o no responsable del delito que se le acusa, así como de aprobar la realización de allanamientos, escuchas telefónicas y órdenes de captura que un representante del ministerio público solicitaba.

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