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Noticias en la web - Entrevista a Jaime Arellano

Noticias en la web - Entrevista a Jaime Arellano | Edición del día Martes 22 de Mayo de 2018

En defensa del CPP: "La Policía tiende a ser bastante reticente a los cambios"

El director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que colaboró en la reforma penal uruguaya, defendió los pactos de los fiscales con los delincuentes

Al director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Jaime Arellano, no le llaman la atención las críticas que actualmente recibe el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en Uruguay. A este sistema, cuya instalación fue impulsada por el CEJA –al igual que lo hizo en el resto de los países de Latinoamérica, a excepción de Brasil– se le introducirán modificaciones sustanciales, como la prisión obligatoria en los juicios en que se investiguen a delincuentes con antecedentes y la exclusión de la libertad anticipada a los abusadores sexuales. O eso pretende hacer el gobierno.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, tiene en sus manos un proyecto elaborado por el Ministerio del Interior, que además de plantear esos cambios cataliza el malestar de la Policía, ya que hoy siente que no tiene las "garantías legales" necesarias para perseguir e investigar el crimen. En otras palabras, se siente atada y sujeta a la voluntad y autorización de los fiscales, quienes dirigen las investigaciones penales desde noviembre de 2017.

"Las Policías (de todo el mundo) tienden a ser bastantes reticentes a los cambios", resumió Arellano, quien supervisa y sigue de cerca los primeros pasos del CPP en Uruguay. "Les resulta más cómodo operar en un sistema en el que eventualmente pueden hacer lo que quieran, en el que se les da una orden amplia de investigar, sin que haya mayores controles", aseguró.

Arellano, que estuvo en Montevideo la semana pasada para presentar el libro Reflexiones sobre el nuevo sistema procesal penal en Uruguay, también se refirió a los polémicos pactos entre fiscales y abogados de violadores –en los que se acuerdan juicios abreviados a cambio de penas más benevolentes–, y defendió que los delitos menores ya no se castiguen con prisión. A continuación, un extracto de la entrevista que dio a El Observador.

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para hacer la primera evaluación oficial del nuevo sistema penal?

Creo que ya es tiempo de ir levantando cierta información. Por supuesto que las primeras evaluaciones deben ser de corto plazo. Todos están aprendiendo todavía y seis meses es muy pronto todavía. Pero cuando transcurra un año, se podría hacer también una investigación cualitativa y descubrir cómo está la calidad de la litigación, esto es, cómo están operando los litigantes y dirigiendo los fiscales. Y un tema muy importante en esto es conocer cuál es la calidad de la investigación policial o con qué material está trabajando el Ministerio Público (los fiscales). Es muy importante ir estableciendo pronto indicadores de calidad de la investigación policial también.

¿Hay algún problema en particular que usted ya haya identificado?

Creo que el grave problema que se ha presentado, porque uno lo ve en los medios de comunicación, es que no se entiende que los éxitos son de todos, pero los errores también, porque equivocaciones va a haber siempre y tienen que solucionarse en colectivo. Lo lógico aquí es que la comisión de coordinación e implementación que estaba instalada se reinstale y esté permanentemente discutiendo la manera de hacer que esto funcione mejor.

"Las Policías suelen ser las que dicen que quieren colaborar más pero las que más les cuesta muchas veces incorporarse al sistema".

Muchos policías dicen que se sienten "atados" a la hora de actuar y que deben consultar a los fiscales todos los pasos. Algunos fiscales sienten algo similar, pero respecto a los jueces. Uno de ellos –Gustavo Zubía– renunció, en parte, por sus críticas al sistema, y en una oportunidad dijo que un delincuente se escapó porque le tomó dos horas solicitar un allanamiento. ¿Cómo habría que leer este escenario?

¿Ese fiscal que renunció es el que ahora está dispuesto a emprender una carrera política?

Sí.

Uno nota una agenda ahí... Cada uno busca visibilizarse en los medios como estime. Insisto, creo que la manera correcta es que las instituciones operen coordinadamente, buscando la mejor solución para estos temas. Evidentemente, hay curvas de aprendizaje. En un sistema nuevo, que sustituye otro en el cual eran los jueces los que hacían las cosas que ahora hacen los fiscales, hay procesos de aprendizajes. Las Policías tienden a ser bastantes reticentes a los cambios, y no solo en Uruguay: pasa en todos los países en donde los sistemas de justicia se transforman. Las Policías suelen ser las que dicen que quieren colaborar más pero las que más les cuesta muchas veces incorporarse al sistema.

¿A qué se debe eso?

A que les resulta más cómodo operar en un sistema en el que eventualmente pueden hacer lo quieran, en el que se les da una orden amplia de investigar, sin que haya mayores controles, cuando debería haberlos. Ahora los hay porque hay garantías para todos, para imputados y para víctimas. Pero, ¿qué es lo importante? Que la Policía tenga claro cuáles son sus facultades. Eso es lo normal. Si eso no está lo suficientemente claro en el Código, entonces es una cuestión que se tiene que definir mediante instrucciones del Ministerio Público. En otros países, como en Chile, las Policías tienen un grado de autonomía, pero reportan a la Fiscalía lo que han hecho sobre determinados temas y así se va haciendo el control.

Ahora, la confianza se pierde una sola vez, porque también ha habido policías que han gozado de autonomía y que después se descubrió que pedían autorizaciones para hacer allanamientos con posterioridad a haberlos hecho. Y cuando eso ha pasado, obviamente que se generaron restricciones.

Pero hay maneras prácticas de hacerlo. Según leí en el código uruguayo, en ninguna parte dice que tiene que ser escrita. Por lo menos en Chile, la autorización para medidas intrusivas que requieren autorización de un juez son solicitadas telefónicamente o por correo electrónico. Los jueces de turno toman el teléfono, por ejemplo, y saben con quién están hablando, autorizan la petición del fiscal y de inmediato piden un correo electrónico de respaldo a la solicitud para ratificar la autorización. Es una práctica muy fácil de establecer. Eso significa que no hay necesidad de andar esperando dos o tres horas para que eso ocurra.

Pero sí es cierto que el sistema de justicia actual tiene más eslabones que antes para ejecutar las acciones.

A ver. Yo no sé de ningún caso en general, en que se haya dejado de realizarse una operación por falta o demora de una autorización judicial. Yo también podría interpretar que ese caso falló porque la policía también pidió tarde la autorización. No lo sé. Lo lógico es establecer un protocolo por el cual se establezcan mecanismos de llamados telefónicos.

Otro asunto polémico en Uruguay son los pactos a los que pueden llegar los fiscales con los abogados. Ha habido casos en que se acordaron penas benevolentes para violadores, a cambio de juicios más breves. ¿Es algo que pase en otros países?

No, no ha pasado en otros países porque en Uruguay se determinan qué tipos de delitos pueden ir a un proceso abreviado en base a una pena mínima que pida el fiscal –no superior seis años de penitenciaría–, y en otros lados se establece ese límite pero en función de la pena máxima. En el fondo, lo que se dice de esta forma es que si un delito tiene más de tal condena, pero como máximo, no se permite que se pacte un proceso abreviado. La pena máxima, de alguna manera, está indicando la gravedad que tiene ese delito en la situación más grave.

"La víctima podría no estar feliz, pero uno debe explicarle que no había pruebas suficientes para acreditar su denuncia, y que el riesgo era ir a juicio y perder y que el violador salga absuelto".

Sí puede ocurrir que en algunos casos, por razón de política de persecución, el fiscal de Corte establezca directrices públicas y generales para todos, determinando que se persigan algunos tipos de delitos, y por lo tanto instruye a sus fiscales para que no se acuerden juicios abreviados en eso casos específicos.

¿Pero no se impone desde un punto de vista moral que se excluyan los delitos de abuso sexual de los acuerdos para juicios abreviados?

Pero es que no es un tema moral. Estamos hablando de persecución penal y de estrategias. Puede suceder que haya un caso de violación y que el fiscal esté convencido de que haya habido violación, pero que no tenga elementos para probarlo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Lo puede llevar a juicio por violación pero perder el litigio y que quede absuelto por falta de pruebas, o tomar una decisión estratégica: que el acusado brinde información y que acepte un delito de inferior rango, como de abuso sexual, una tipificación que no implica penetración. La víctima podría no estar feliz, pero uno debe explicarle que no había pruebas suficientes para acreditar su denuncia, y que el riesgo era ir a juicio y perder y que el violador saliera absuelto. Y además rige el principio non bis in idem, es decir, que no se lo puede llevar a juicio por eso mismo nunca más. También hay que pensar que cuanto más grave sea la acusación, el juez va a exigir un estándar probatorio más alto. Entonces, frente a esto, se debe tomar una decisión táctica, y el instructivo del Ministerio Público debería apuntar a eso: a que el fiscal analice el tipo de delito, pero también las circunstancias y la prueba que se tenga disponible.

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Es un sistema pragmático.

Yo creo que lo es, y que es muy razonable que a la ciudadanía le moleste que haya la posibilidad de llegar a acuerdos en los delitos sexuales. Lo entiendo. Por lo tanto, tiene que observarse qué es lo que dice el Código Penal, cuál es la pena que se le asigna al delito, porque puede que la pena sea baja. Pero también debe verse si hay una directriz general: la Fiscalía puede notar, por ejemplo, que hubo un incremento en este tipo de delitos y que quiere dar una señal muy clara de que se pretende luchar contra los delitos sexuales. Entonces, el fiscal de Corte puede determinar que no haya acuerdos en estos casos, pero siempre y cuando –yo lo haría así–el fiscal informe que tenga pruebas suficientes para obtener condena para el acusado.

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Los acuerdos que permite el nuevo CPP también posibilitan que los fiscales no pidan la cárcel para aquellos delincuentes que cometieron delitos menores, como los hurtos, y que muchos litigios de este tipo se diriman con reparaciones a la víctima o trabajos comunitarios. ¿Cómo se hace para que la sociedad entienda que la filosofía jurídica es que no todos los delitos se deben pagar con prisión?

Bueno, hay que explicarlo. En todos lados pasa lo mismo: la gente tiene la lógica de cárcel para todos. Si queremos cárcel para todos, tenemos que ir a juicio para todos, y si hacemos eso el sistema colapsa. Entonces, la pregunta es: ¿persigo a la persona que se robó un pan de manteca en el supermercado o persigo a un homicida? Porque los recursos que tengo que emplear para uno y otro caso en alguna medida se superponen. Segundo, se exige que ambos sean encarcelados, y después se dice que las cárceles están hacinadas, saturadas. ¿Qué hacemos? ¿Invertimos recursos en cárceles? ¿Invertimos en más jueces y fiscales para perseguir a todos? No tiene sentido. La lógica de un sistema acusatorio es usar racionalmente la capacidad de persecución, concentrar la fuerza en los delitos más graves o en aquellos que aunque no lo sean estén impactando en la ciudadanía y se requiere mandar un mensaje.

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¿Pero no es difícil que alguien a quien le robaron un auto o una bicicleta pueda entender que su delito es postergable?

Son dos cosas distintas. Recuperar un auto es el último efecto. Lo primero que se le pide a la Fiscalía es perseguir el delito. Recuperar el objeto es lo primero que uno quisiera como víctima. Yo también: si me roban el auto o el celular, lo que quiero es que me lo recuperen. Pero el sistema de justicia lo que hace es investigar, determinar si hay responsabilidades y asignar sanciones. Pero, aún en ese caso, la Policía debería poder investigar. Ahí hay un típico caso en que las instrucciones dadas por la Fiscalía deberían permitir que los policías inicien procesos de investigación criminal sin la necesidad de una conducción por parte del fiscal. Que en caso de robo de vehículos, la Policía conozca qué pasos dar. Porque si un fiscal va a estar detrás de cada robo, de cada rapiña, es un absurdo.

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