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Noticias en la web - NUEVO CÓDIGO PENAL

Noticias en la web - NUEVO CÓDIGO PENAL | Edición del día Viernes 25 de Mayo de 2018

Interior pide más prisión preventiva y eliminar la libertad anticipada para casos de abuso sexual

El proyecto de ley redactado por el gobierno endurece las sanciones del CPP, la Fiscalía advierte que va contra el espíritu de la norma pero lo "estudiará"

Con el objetivo de mejorar la eficacia en la persecución de la delincuencia, el Ministerio del Interior propuso endurecer las sanciones para los delincuentes y hacer que la prisión preventiva sea preceptiva -obligatoria- para los delincuentes reincidentes, reiterantes o habituales o cuando se trate de delitos graves en los que va a recaer pena de penitenciaría. Según el proyecto de ley al que accedió El Observador y que está en poder de la Presidencia de la República se propone que ese tipo de delincuentes sean excluidos del beneficio de la libertad anticipada así como también se excluye a quienes cometen "abuso sexual".

El texto del proyecto habla de dar "un fuerte respaldo legal" a la policía y de garantizar su trabajo de "manera más eficiente" señala que la tarea de la policía de auxiliar de la justicia "no puede implicar la carencia de cierto grado de autonomía a la hora de proceder a cumplir con ciertas competencias".

En ese sentido se buscó explicar que la policía está capacitada para detener a un delincuente aunque no lo encuentre en el mismo momento en el que está robando si lo intercepta minutos después con el botín robado.

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El proyecto modifica también el proceso abreviado por el que los delincuentes han obtenido penas más cortas a cambio de que confiesen el delito, y cuyo resultado fue cuestionado por el subsecretario del Interior Jorge Vázquez al afirmar que se han impuesto penas "que están por debajo de lo que marca la ley". Para revertir esa situación, mientras que el actual código prevé el juicio abreviado para los casos en lo que la Fiscalía "de lugar a la aplicación de una pena mínima no superior a seis años" el nuevo texto propone que solo se aplique "cuando la pena mínima prevista en el tipo penal no supere los seis años de penitenciaría". De esta manera -se explica- se apunta a la tipificación del delito y no a la tipificación que haga el fiscal del caso.

Por otro lado, se excluye de este proceso la aplicación de la libertad anticipada y de las libertades vigiladas. Justamente, en un caso en el que se acordó un juicio abreviado para un padre que abusó de su hija de 16 años en Paysandú, la Fiscalía le otorgó dos años de pena y nueve meses de esa pena los cumplirá en libertad vigilada.

Tomando en cuenta casos como este, el proyecto propone "un criterio mínimo para la determinación de las penas por ciertos delitos que atentan contra la vida y la integridad sexual".

Fiscalía mandará instructivo

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió este martes a Jorge Vázquez, luego de las acusaciones cruzadas entre Fiscalía y Ministerio del Interior por los dichos de Layera. Los jerarcas acordaron que Fiscalía remita un instructivo al ministerio para facilitar "la acción conjunta entre ambas instituciones", según publicó la página web del Ministerio del Interior.

"Llevar una investigación a largo plazo es difícil porque hay un lío en la Fiscalía que no te lo permite", dijo Layera en entrevista con El Observador publicada el fin de semana. Este lunes, Díaz aseguró que existe una "falta de autocrítica" por parte del director de Policía y que se busca en el nuevo código una excusa para la inacción policial.

Tras ese cruce de acusaciones, Vázquez visitó a Díaz en la sede de la Fiscalía. "Ambos jerarcas manifestaron el propósito de trabajar conjuntamente para seguir mejorando la implementación del proceso penal de carácter acusatorio que comenzó a regir en el país el primero de noviembre y en el combate frontal a todas las formas de delincuencia", informó la Unidad de Comunicación del ministerio.

Más temprano, el subsecretario visitó al presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes pero se retiró sin hacer declaraciones.

Este lunes el ministro interino del Interior había asegurado que hay alrededor de 1.200 reclusos menos que el año pasado –antes de que rigiera el nuevo sistema penal–, y eso se debe a que los individuos juzgados por delitos leves hoy "esperan la formalización del proceso en libertad".

Agregó que entre el 50% y el 60% de esa población –unas 600 o 700 personas– "son personas reincidentes", y aunque sean indagadas por delitos como robos sin violencia, "están cometiendo hurtos en la calle esperando a que sean llamados por la Fiscalía para formalizar el proceso", dijo Vázquez.

Por otro lado, los fiscales de Flagrancia acumulan centenares de denuncias que no han podido ver. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Brenda Puppo, dijo a El Observador en abril que tiene 180 casos que está investigando pero tiene otros 688 en la bandeja de entrada que no pudo ni ver todavía, o sea que no sabe de qué delitos se trata. "Es imposible que pueda revisar esos casos", admitió. Agregó que muchos colegas están en la misma situación.

Sin embargo, según dijo Patricia Marquisá, directora del sistema penal acusatorio de la Fiscalía, muchos de los puntos que fueron incluidos en el proyecto de ley que la cartera envió al Poder Ejecutivo "no son los que la Fiscalía entiende que deben ser resueltos", aunque se "estudiarán" cuando se haga efectivo el tratamiento parlamentario.

La otra postura

La Fiscalía trabajaba en la redacción de su propio proyecto, en coordinación con autoridades del Ministerio del Interior, y así lo había anunciado Díaz el lunes a TNU: "Esta semana vamos a mandar al Poder Ejecutivo un proyecto de ley con algunas modificaciones a las funciones para que quede negro sobre blanco que puede hacer la Policía".

Pero ante el anuncio del subsecretario Vázquez de que enviaron su propio proyecto, Marquisá dijo este martes que se desistió de la iniciativa. "Cuando nos convoque al Parlamento daremos nuestro parecer", afirmó la fiscal.

Sin embargo, la posición de la Fiscalía es clara. "Hoy estamos con un código de una filosofía distinta al anterior", afirmó. En el proceso penal sustituido, agregó, "la prisión preventiva era la regla y la anticipación de la pena, y este (el actual) se para en un parámetro totalmente distinto".

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Además, Marquisá sostuvo que, pese a que la prisión cautelar es una medida que se toma en forma excepcional, "igual hay muchas formalizaciones" con prisión. "No se puede decir que (no se aplique) en los delitos importantes, de cierta gravedad, o en los que los autores tengan posibilidad de fuga o amedrenten a los testigos", añadió.

Respecto al cuestionamiento de Vázquez a las bajas penas acordadas entre fiscales y abogados para los acusados, la jerarca señaló que no es un problema que haya sido discutido en el seno de la Fiscalía. Dijo que hay "instrucciones" específicas que rigen para todos los fiscales y que definen las condiciones bajo las cuales se pueden hacer los tratos. De todos modos, matizó, eso "no significa" que no haya disposición para trabajarlo, si se plantea.

En las declaraciones que dio este lunes, Vázquez también planteó su temor de que no se cumpla la totalidad de las penas definidas en estos acuerdos. Marquisá respondió que también es una preocupación de la Fiscalía, y que se velará para que no suceda. "Si se acuerda una rebaja, entendemos que su cumplimiento debe ser efectivo", y que no rijan más "beneficios" que la acorten, finalizó.

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