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Noticias en la web - ZIKITIPIÚ/GABRIEL PEREYRA

Noticias en la web - ZIKITIPIÚ/GABRIEL PEREYRA | Edición del día Sábado 21 de Julio de 2018

Después de lo que dijo (y no dijo Layera), ¿quién es el que no se anima?

El director nacional de Policía exteriorizó un sentimiento que reina en el Ministerio del Interior

Cuando terminé de entrevistar hace unos días al director nacional de Policía, Mario Layera, me di cuenta que había dicho cosas fuertes, que había varios títulos a destacar.

Pero no imaginé que sus declaraciones iban a armar el escándalo político que terminaron generando. Y no lo imaginé porque casi todo lo que dijo Layera ya lo había oído de autoridades del Ministerio del Interior o de quien fuera el mentor de Layera, el extinto inspector Julio Guarteche.

Si hoy tenemos una policía mejor formada y, sobre todo, más honesta que hace algunos lustros, es gracias al papel que Guarteche, y antes Roberto Rivero, jugaron en la Policía. Ambos, al igual que Layera –que fue mano derecha de los dos- mostraron sus dotes en la brigada de Drogas –que limpiaron de corrupción e inauguraron las granes requisas- y de allí pasaron al principal cargo policial.

Llama la atención que grupos de izquierda (entre ellos, el Partido Comunista) cuestionaran la lealtad de un policía que en vez de razzias y represión habla un idioma parecido al de esos grupos en relación a la seguridad: "La incidencia de un consumo desmedido, la exhibición de una oferta de bienes que si uno no accede a eso no existe, y núcleos importantes de la población que llegan a la conclusión de que no van a acceder a eso por vías legales. (...) Un individuo por fuera absolutamente del sistema.(...)Allí hay problemas en el primer nivel de socialización, que es la familia. Luego no van a estudiar. Tienen generaciones de familiares con antecedentes. Y allí está el mayor nivel de reproducción. (...)Mandan a la Policía al frente en vez de enviar asistentes sociales que tengan un registro histórico de esas poblaciones. Ahí es más eficiente un trabajador social que un policía".

Lo de Layera es un llamado a atender un asunto que rompe los ojos y que la oposición no ha terminado de entender, vaya uno a saber si porque le conviene políticamente: la crisis de seguridad solo se piensa desde una perspectiva policial, mientras que la tarea del Ministerio de Desarrollo Social (por mencionar un organismo vinculado a esto), pasa debajo del radar.

Quizás por eso, según contaron fuentes del gobierno, uno de los puntos de la declaración de Layera que más problemas generó dentro del gobierno fueron las críticas a la falta de aporte de información del Mides, BPS y la educación.

Más allá de si es correcto lo de Layera acerca de que "el gobierno está muy compartimentado", es un hecho que el sistema político todo no ha sabido integrar el debate social al de la seguridad.

Sí, hay que obviar la mirada simplista del que dice que pobreza no es igual a delincuencia y que los bandidos son profesionales inmunes a las políticas sociales. Hay que oír más a quienes advierten que el partido se juega antes de los tres años de edad. Pero es una medida que dará resultados en décadas. Muy lento.

Tras las declaraciones de Layera alguien del gobierno tendrá que salir a dar la cara y responder esta pregunta: si en reuniones de alto nivel se decidió derribar varios bloques de viviendas de Casavalle ¿quién tiene que dar el primer paso para hacer un censo con el objetivo de tirar abajo esas viviendas convertidas en guarida de delincuentes? "No se animan", dijo Layera. Bueno ¿quién es el que no se está animando?

En Uruguay, no

La memoria es frágil. Muy pero muy difícil recordar la evolución de nuestros límites de tolerancia a la violencia. Hubo un tiempo en que hubiera sido alarmante que un pibe de 16 años le meta 30 balazos a otro de 18 delante de cientos de personas que circulaban por la calle. ¿Eso en Uruguay?, hubiésemos dicho. Eso es el lejano Oeste, no Uruguay, hubiésemos dicho.

¿Sicarios? ¿Favelas? ¿Abuelas liderando bandas de narcos? ¿Amenazas a jueces? ¿Un plan para atentar contra un jefe policial?, ¿en Uruguay?, no, habríamos dicho.

Layera dijo que si la situación sigue empeorando se configuraría "un escenario como El Salvador o Guatemala". Se trata de países que tienen cuatro o cinco veces más alto el guarismo de criminalidad que Uruguay, una población muy armada por las guerras civiles que hubo en el pasado y el retorno de los pandilleros que Estados Unidos está deportando hacia sus países de origen.
¿Eso en Uruguay?, muy difícil. Pero después de haber visto la decadencia a la que hemos llegado y a la que nos hemos ido acostumbrando, ¿es exagerado mencionarlo?

Layera pareció expresar cierta desazón, que muchos reconocieron como una rendición, por no poder hacer investigaciones a largo plazo, entre otras razones, dijo, porque en la fiscalía hay un "lío".

Desde la fiscalía se dijo que no hay tales "líos", pero es un hecho que un día sí y otro también, aparece un fiscal quejándose por el nuevo Código del Proceso Penal, y se puso en tela de juicio la independencia a la hora de juzgar a políticos.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, trancó duro con el policía y dijo que hay que aprender a investigar sin pinchazos telefónicos, que quedaron perimidos con el uso del Whatsapp por parte de los delincuentes.

Claro, Díaz también había dicho que para responder a la necesidad del CPP hay que quintuplicar la cantidad de fiscales.

La presidenta del gremio de fiscales, Brenda Puppo, dijo en Sarandí que tiene 860 casos en espera y está tratando unos 300. Dijo que eran los que se iban a resolver con mayor facilidad, aunque también se tenía en cuenta la gravedad de la denuncia.

Layera exteriorizó un sentimiento que reina en el Ministerio del Interior y en algunos fiscales acerca de que el nuevo Código del Proceso Penal instaló un clima de impunidad y benignidad que coincide con una ola de asesinatos.

Layera no lo dijo en la nota, pero opina que va a ser casi imposible que el gobierno cumpla su promesa de bajar las rapiñas un 30%, por efecto del nuevo CPP. Los procesamientos bajaron y hay 600 presos menos que cuando entró en vigencia.

De alguna forma, las palabras de Layera fueron como un catalizador ante el creciente reclamo de una autocrítica del gobierno en el tema seguridad. Una válvula de escape a la presión política y ciudadana.

Sin que ello sea una "rendición", como dicen quienes se aprovechan lícitamente con la situación, a mi juicio el resumen sobre el estado de ánimo que reina en torno a la inseguridad, está en la respuesta que Layera dio a la pregunta de si la Policía tiene miedo: "(El policía ) está confundido porque sabe que debe enfrentar esto (la ola de crímenes), pero no puede pararlo".

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