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Noticias en la web - OPINIÓN/FEDERICO COMESAÑA

Noticias en la web - OPINIÓN/FEDERICO COMESAÑA | Edición del día Sábado 26 de Mayo de 2018

En el dilema entre cazar votos u obtener inversiones, el gobierno elige el rédito electoral

El Ejecutivo privilegia una mirada cortoplacista en sus acciones

El gobierno y su fuerza política enfrentan un difícil dilema. A los desafíos económicos de una actividad que avanza pero de forma desequilibrada –con bajos niveles de inversión y reducción de empleos–, se suman los desafíos políticos del período preelectoral que concentra energías y desenfoca la gestión.

Algunas políticas pueden ayudar a aliviar las tensiones por ambos lados. Por ejemplo, mejorar las condiciones para la inversión a través de la creación de acuerdos comerciales permitiría generar empleos de los cuales el gobierno podría sacar rédito ante la opinión pública en las próximas elecciones. Sin embargo, las más de las veces cazar votos y cazar inversores suelen ser actividades excluyentes. Esto es así principalmente porque ambos objetivos implican concentrar esfuerzos en horizontes diferentes.

El votante es ansioso y quiere resultados inmediatos, mientras que el inversor piensa en el largo plazo, en la previsibilidad del futuro y en qué tan sostenibles son las condiciones que hoy se le ofrecen. Muchas veces apostar a un mejor porvenir implica realizar sacrificios en el presente y por el contrario, a la larga siempre llega la cuenta por los gustos que se da un país en lo inmediato.

El balance justo entre el corto y largo plazo es parte de los desafíos de todo gobierno. Y ahí entran en juego no solo los desafíos políticos y la coyuntura económica sino además cuestiones de corte ideológico e incluso los grupos de presión y el entramado de alianzas de las distintas fuerzas políticas con los demás actores de la sociedad.

El gobierno privilegia hoy una mirada cortoplacista en sus acciones. El déficit fiscal se mantiene muy por encima de las propias proyecciones del equipo económico y lejos del compromiso de reducción paulatina que asumió desde su inicio la actual administración.

Eso a pesar de un ajuste fiscal en curso que implicó un aumento de la carga impositiva y el encarecimiento de los servicios públicos que agravaron los problemas de competitividad del país.

Y lejos de impulsar reformas que reduzcan el componente endógeno del gasto público, el gobierno –a instancias de su fuerza política– ha tendido a aumentarlo, junto con un aumento del gasto en proyectos de escasa capacidad de derrame sobre el resto de la economía y de difícil recuperación –principalmente a través de las empresas públicas–. La salida al problema de los cincuentones, la sangría permanente de la Caja Militar, el incremento en el número de funcionarios públicos en áreas que no han mostrado un desempeño acorde a los mayores recursos destinados, son algunos de los elementos que privilegian el corto plazo. El statu quo en el sistema educativo, en la estructura del Estado y en el esquema de inserción internacional del país, son otros elementos que anteponen las alianzas políticas y los intereses de los grupos de influencia cercanos al gobierno por sobre las necesidades de largo plazo que exige el desarrollo.

Es difícil atraer así inversores. Por eso el Ministerio de Economía apela a mecanismos que busquen compensar los incentivos adversos que pone por delante la economía uruguaya. En eso consiste el paquete de medidas anunciado por el gobierno el pasado viernes. Y forma parte del espíritu mismo de la Ley de Promoción de Inversiones, un régimen que busca atraer proyectos mediante el compromiso de que será devuelta parte de la carga fiscal que le correspondería pagar y en cuyo caso volvería inviable la inversión.

El Estado uruguayo renuncia a una parte de los ingresos que generarán los nuevos proyectos. Eso no implica reducir la carga fiscal sobre la actividad en su conjunto sino solamente es un premio a la inversión en el margen, a las actividades nuevas o a la ampliación de la misma.

Es posible que eso rentabilice algunas inversiones que están al límite entre la ganancia y los números rojos, o incluso algunas cuyo rendimiento esperado no alcanza hoy a compensar los riesgos asumidos. Sin embargo, parece difícil que altere el clima general de inversión, que hoy se caracteriza por un fuerte pesimismo por parte del empresariado.

Porque incluso cuando no entran en juego recursos fiscales, en vez de intentar un acercamiento y habilitar canales de cooperación, el gobierno opta por alimentar la confrontación y el ánimo de choque que se instaló en el sector privado. La comunicación bien empleada puede impulsar la inversión a través de la confianza sin que eso implique necesariamente desatender el corto plazo. Aun allí el gobierno ha fallado.

Quizás sea por exceso de confianza. Quizás sea una apuesta por congraciarse con una parte del electorado que responde a la confrontación y a la dicotomía entre buenos y malos. Lo cierto es que el tiempo avanza y la agenda política se come a la agenda económica. Y el costo final es la pérdida de empleos y de oportunidades.

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