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Noticias en la web - ZIKITIPIÚ/GABRIEL PEREYRA

Noticias en la web - ZIKITIPIÚ/GABRIEL PEREYRA | Edición del día Viernes 22 de Septiembre de 2017

La palabra que cabe como anillo al dedo es "joda"

Abundan los casos de funcionarios que se creen faraones que no le rinden cuentas a nadie

La joda con el dinero público no da tregua. Uso esa palabra que es tan popular por economía de lenguaje y porque según la Real Academia Española le da al término una definición que se ajusta al asunto: ‘daño, perjuicio'.

Pueden ser gastos con tarjetas de créditos, como las que usó Raúl Sendic (y vaya a saber uno cuántos otros jerarcas como él) para necesidades personales y no de su función; pueden ser contratos con dinero que el Estado tiene previsto para análisis médicos pero que funcionarios desprolijos (por decirlo delicadamente), como Andrés Toriani, lo utilizaron para llenar de gente el hospital de Rivera. O joda puede ser la que se hizo con el dinero que ese mismo médico utilizó –con aval de su número dos que era el ordenador del gasto, el de su administrador y de la jefa de todos los hospitales públicos, Susana Muñiz– para beneficiar a amigos que tienen empresas privadas y cobran por los dos lados del mostrador. De estas cosas, en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), hay decenas y decenas por no decir cientos.

Joda con plata de otros, o sea con plata de la gente común y corriente a la que le cobran impuestos, a veces utilizando mecanismos legales pero prepotentes. Una pena que ese peso y control que el Estado les mete a través de la DGI a ciudadanos honestos para cobrarles impuestos no los apliquen con los vivillos y corruptos que abundan en filas estatales.

La situación se torna aún más preocupante y descorazonadora cuando los organismos de contralor están pintados, sin potestades para frenar, sin presupuesto para indagar. Quienes están en la gestión pública deberían dotar a estos organismos del poder para que los controlen a ellos.

Sendic renunció a la vicepresidencia pero aún no se sabe cuánto de lo que gastó con tarjetas de crédito corporativas fue usado indebidamente.

Podría ser por desidia de parte de ANCAP o podría, puede, ser peor. Un documento de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre este asunto dice que ANCAP les informó que "en el procedimiento para el uso de las referidas tarjetas vigente hasta el pasado mes de julio no se encontraba prevista una instancia o control referido a la naturaleza del gasto (personal o institucional), recayendo ello en el responsable del uso". ANCAP dice que no sabe porque no controla y que deja eso en manos del funcionario que usa la tarjeta. Tremendo.

¿Y el Poder Legislativo, que debería controlar a otros poderes?

Apenas un ejemplo: el diputado nacionalista Martín Lema pidió sin éxito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que le informe por qué razón en tres años gastó casi $ 40 millones en pasajes al interior que fueron abonados a gente que no trabaja para el Estado sino, presuntamente, para ONG. Pero se le ríen en la cara. No se sabe si les pagaron los pasajes para trabajar, o para vacacionar en las termas, ni a quién se le pagó, ni en qué condiciones, nada.

Lo que sí se sabe, y que fue lo que llevó a realizar el pedido a Lema, es que el Tribunal de Cuentas viene observando año a año estos gastos que fueron de $ 10 millones en 2014, $ 10 millones en 2015 y $ 18 millones en 2016.

¿Con qué argumentos el Tribunal de Cuentas observó estos gastos? Porque "no existe norma que habilite el pago (de pasajes dentro del país) a funcionarios dependientes de otras organizaciones", ya que "no son funcionarios públicos".

O sea, esos gastos fueron observados no por falta de recursos, de oportunidad, en fin, por alguna razón que el Tribunal podría entender irregular, sino que fueron objetados porque no hay una ley que lo habilite. Tremendo.
¿Saben lo que respondió el Mides en los cientos de gastos que el Tribunal de Cuentas le observó?: "Habrá de reiterarse el gasto teniendo en cuenta la necesidad del servicio brindado".

Ha hecho carne en el Estado que en el uso del dinero público el fin justifica los medios.

Ojalá el caso Sendic sirva para que la sociedad encuentre los mecanismos de presión sobre sus representados y que a los representados les sirva para que les caiga un poco de vergüenza y conciencia de que el dinero que manejan no es de ellos.

De lo contrario, va a quedar la idea de que Sendic no cayó tanto por corrupto y mentiroso como por tonto. Porque en este mismo momento hay en el Estado una legión de irresponsables (al lado de algunos el líder de la 711 es un pobre muchacho que nunca entendió dónde estaba parado) que manejan la plata ajena como faraones a los que nadie les pone coto, y cuando la Justicia lo hace, la sociedad ya perdió millones que se tapan con lo que produce la gente de trabajo.

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