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Noticias en la web - SALUD

Noticias en la web - SALUD | Edición del día Martes 25 de Julio de 2017

Residencial sin controles

El hallazgo de nueve ancianos en malas condiciones de higiene en Cerro Largo desnudó una vez más las carencias de los hogares para adultos mayores, donde las regulaciones no se cumplen

Nueve ancianos dormían en cinco camas y un colchón aparte. Compartían un baño de pocos metros cuadrados, donde estaba la ducha. No había –al menos a la vista– almohadas para todos. Tampoco sillas.

El Observador recorrió la humilde vivienda dónde hasta hace pocos días funcionó el residencial clandestino para adultos mayores en Río Branco, departamento de Cerro Largo. Funcionaba sin habilitación desde hace unos 15 años y –al menos hasta abril de este año– tampoco tenía saneamiento.

La fachada naranja es de una casa modesta. Al ingresar era evidente que había sido limpiada hacía poco y continuaban las ventanas abiertas para que se ventilara. Sin embargo, se podía sentir el olor a orín. Dos sillones y un televisor de 14 pulgadas conformaban el estar a la entrada de la casa que se componía además por dos pequeños cuartos. En la habitación del fondo reinaba el desorden: bolsas llenas de ropa, frazadas y placares desarmados. Lo mismo en el patio. Mugre y desorden: un water en el piso y las canaletas llenas de agua sucia. La casa se conecta a otra vivienda contigua, donde vivía el dueño, Marcelo López, con su madre, y funcionaba la cocina del residencial.

"Que es humilde, es humilde. Cobrando $ 3.000 no vas a vivir en un cinco estrellas", dijo a El Observador Rolán Fernández, abogado de López, quien tiene antecedentes penales. Había sido procesado en 2015 con prisión por sacar préstamos utilizando la firma de las personas que vivían en el residencial. Pero luego de seis meses obtuvo prisión domiciliaria y el hogar permaneció en funcionamiento.

"No quiero dejar de reconocer que funcionaba de forma irregular", insistió el abogado. "Se tendría que haber suspendido el funcionamiento. Pero siguió funcionando normalmente, aún él estando recluido", agregó. López también es conocido por su actividad política en el Partido Nacional aunque no llegó muy lejos. Intentó ser candidato a alcalde pero no lo consiguió, contó su abogado.

"En el departamento, la gran mayoría de las residencias funcionan de forma irregular por la serie de requisitos que se exigen, que muchas veces son imposibles de cumplir en función de los montos que se cobran a los internados"


Los nueve ancianos fueron encontrados encerrados en un galpón, a pocos kilómetros de dónde funcionaba el residencial y permanecen hospitalizados. El Observador intentó contactarse con ellos, pero el acceso al hospital estaba impedido. La Justicia resolvió su realojo, pero no hay lugar para ellos, al menos en Río Branco. En el Hogar para Ancianos –el único habilitado de la localidad– solo hay plazas para que ingresen dos hombres, que deberían pagar $ 11 mil mensuales, afirmó a El Observador su encargada, Magela Apolinario. Este lunes la Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resolverán adónde irán.

Varios vecinos del residencial coincidieron en señalar que su funcionamiento irregular era de público conocimiento. "Debería haber cerrado hace rato porque se conocía" la situación, dijo la dueña de un local comercial. "Que era irregular, sabía. Pero sé que eran bien atendidos. Los días que estaban lindos a muchos los ayudaban a salir", contó William Velázquez, quien vive frente a la casa donde
funcionaba el residencial.

El alcalde de Río Branco, Christian Morel, afirmó que "se sabía de su existencia", pero que la alcaldía nunca pudo tener acceso a él porque, cuando lo visitaban, les decían que era una casa de familia. "Lo único que pudimos hacer fue obligarlo el 18 de abril (pasado) a hacer una conexión de saneamiento. Pero no sabemos si lo hicieron o no", sostuvo.

Abogado Rolan Fernández
Rolan Fernández, abogado del dueño del residencial.
Rolan Fernández, abogado del dueño del residencial.


"Diga que no colaboraba"


"Si le preguntan si colaboraba con ir a cobrar la pensión y medicamentos diga que no. Les dije que no colaboramos", aseguró la madre del dueño del residencial clandestino a la cuidadora de los ancianos, Susana Pintos, segundos después de haber salido de declarar ante la jueza. A pesar de la feria judicial y de ser fin de semana este sábado el juzgado abrió en forma extraordinaria para tratar el caso. Entre quienes declararon estuvo el abogado de Marcelo López, su madre y Pintos.

Esta última es la dueña de la vivienda con el galpón en la localidad de San Servando, en el que fueron encontrados el jueves los ancianos en malas condiciones de cuidado. Uno de ellos debió ser derivado a un hospital en Montevideo por una infección en la pierna.

"Los atendía a los viejitos. Les había llevado el almuerzo y el café. Me pidió (Marcelo López) que los llevara a la campaña y lo hice. No estaban encerrados", relató la cuidadora. El viernes, el dueño del residencial clandestino aseguró a El Observador que los adultos mayores pasaron pocas horas en ese lugar y fueron enviados luego de que se enteró que autoridades sanitarias departamentales iban a inspeccionar el hogar. "Me asusté y los llevé para allá para entregarlos a la familia. Los llevé por unas horas", dijo.

Sin habilitación


El conflicto con el residencial clandestino volvió a dejar en evidencia que existen problemas con respecto a la habilitación de residenciales para adultos mayores. Los implicados en este caso relataron que las exigencias son "imposible de cumplir" con ingresos de entre $ 3.000 y $ 9.000, que era lo que pagaban mensualmente quienes vivían en el hogar irregular.

"En el departamento la gran mayoría de las residencias funcionan de forma irregular por la serie de requisitos que se exigen, que muchas veces son imposibles de cumplir en función de los montos que se cobran a los internados", sostuvo Fernández, abogado del dueño del residencial.

En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo ajustó la normativa y encomendó mediante decreto al Mides y al de Salud Pública competencias de regulación, habilitación y fiscalización, luego de que siete ancianos murieran en un incendio en un hogar que tampoco estaba habilitado en el barrio montevideano de Atahualpa. Según esta norma, por ejemplo, las personas que se alojan en los establecimientos tienen derecho a pleno goce de su libertad ambulatoria, por lo que pueden entrar y salir libremente de los hogares. También se les garantiza el derecho a manejar sus asuntos financieros.

A su vez, los residenciales deben llevar la historia clínica del paciente y documentar allí la administración de psicofármacos. Se establece que por cada 10 residentes autoválidos habrá un cuidador; y uno por cada cinco residentes con dependencia. Cada centro deberá contar con un director técnico que sea médico geriatra-gerontólogo. Los locales deben tener habilitación de Bomberos y los dormitorios contar con cinco metros cuadrados por residente.

En Río Branco, el único residencial para adultos mayores regular funciona desde 1986 pero recién obtuvo la habilitación hace cinco meses, aseguró Apolinario, su encargada.

En ese lugar, cada adulto que ingresa debe pagar una cuota fija de $ 11 mil mensuales. "No es complicado si tenés todo en regla: historias de los internos, un registro de las caídas, del horario que toman la medicación, tener la cantidad de enfermeros necesarios. Funciona como un hospital", agregó.

La diputada del Partido Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Gloria Rodríguez, realizará un pedido de informes al Mides para conocer por qué fallaron los controles que permitieron al dueño tener adultos a su cargo habiendo estado procesado, informó Montevideo Portal y confirmó El Observador.

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